La democracia elitista y el dominio de la bestia

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Una de las principales preocupaciones de los que han ostentado el poder a lo largo de la historia ha sido, sin lugar a dudas, el control de la población. Al respecto, Alexander Hamilton argumentaba que los gobernantes debían asegurarse de que la gran bestia (el pueblo), no se extraviara. Esto se puede lograr a través de dos vías: la primera consiste en el uso de acciones coercitivas destinadas a intimidar a la población. Sin embargo, la represión como único mecanismo de control social, no puede sostenerse por largos periodos de tiempo, y además, resulta onerosa. Por tanto, debe ser acompaña de consensos que permitan, en términos de Walter Lippmann, “una práctica interesada y recurso socorrido de gobierno popular”. En la práctica, se estaría hablando de la implementación de un tipo de democracia. Pero, ¿qué tipo de democracia? Aquella que delegara en una clase especializada la gestión de intereses comunes sobre los cuales se sustentan los consensos establecidos. Puesto que dichas gestiones escapan en gran medida del rebaño descarriado (opinión pública), deberán recaer en manos de los más talentosos: la clase especializada.

No obstante, los teóricos liberales prevén que si los individuos escapan de su marginación y pasividad, se puede producir una crisis de la democracia y, como ha quedado indicado en líneas anteriores, la obediencia no puede ser garantizada por el azote. En este sentido, es imprescindible recurrir a las instituciones encargadas del adoctrinamiento de la población: escuelas, universidades, iglesias, medios de comunicación, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, afines a los intereses del status quo, entre otros.

Sin embargo, el mecanismo con mayor eficiencia en el control de la población se ha sustentado en la lucha electoral democrática, fundamentada en el establecimiento de consensos en las reglas electorales. En este escenario, los partidos políticos juegan un papel preponderante a través de la aceptación de las reglas del juego político, así como en el control de sus recursos políticos (caudal electoral y recursos financieros), que podrían desencadenar un conflicto civil. En este sentido, Joseph Schumpeter, en Capitalismo, socialismo y democracia, elaboró una alternativa que hasta la fecha domina las consideraciones de la ciencia política, al definir método democrático como “aquel sistema institucional, para llegar a las decisiones políticas, en el que los individuos adquieren el poder de decidir por medio de una lucha de competencia por el voto del pueblo”.

Subsecuentemente, la definición procedimental de democracia en Schumpeter consiste en captar el número de votos necesarios para vencer a los adversarios políticos, confiriéndole al voto popular la propiedad de recurso valioso a través del cual los partidos políticos luchan por medio de una oferta de propuestas de gobierno. De esta forma, se objetiviza el monopolio de las iniciativas correspondientes a las élites políticamente organizadas, lo que popularmente se denomina “una oligarquía en competencia electoral”. Esto debido a que el poder político está en manos de unas pocas personas, generalmente de la misma clase social.

Sin duda, la posición conservadora y elitista de Schumpeter sobre democracia queda evidenciada en el siguiente fragmento:

Ante todo, con arreglo al criterio que hemos adoptado, la democracia no significa ni puede significar que el pueblo gobierne efectivamente, en ninguno de los sentidos evidentes de las expresiones “pueblo” y “gobernar”. La democracia significa tan sólo que el pueblo tiene la oportunidad de aceptar o rechazar los hombres que han de gobernarlo. Pero como el pueblo puede decidir esto también por medios no democráticos en absoluto, hemos tenido que estrechar nuestra definición añadiendo otro criterio identificador del método democrático, a saber: la libre competencia entre los pretendientes al caudillaje, por el voto del electorado.

La cita anterior contiene el papel a que son relegados los electores en la democracia schumpeteriana. Siendo esta la simple tarea de ejercer el sufragio a favor de algunas de las propuestas de gobierno, o en nuestro contexto, el apoyo irrestricto al partido o candidato que posibilite el acceso a las canonjías estatales. En este escenario, surge el nuevo actor político: el nuevo caudillaje democrático u oligarquía política.

Al aplicar este marco referencial a la realidad hondureña, encontraremos algunos puntos coincidentes y divergentes. Por ejemplo, en la vida institucional se observan periodos dictatoriales y democráticos caracterizados por los intereses geoestratégicos de los Estados Unidos de América en la región, en los que las dictaduras han obedecido a mecanismos de control sobre la población, especialmente en aquellos periodos de mayor vigencia del sistema socialista. En cambio, los interregnos democráticos constituyen los esfuerzos por ejercer control social en base a consensos establecidos por las élites económicas y políticas del país, estimuladas por las exigencias del sistema capitalista en cada una de sus mutaciones. Estas se concretan a través de sus distintos modelos de desarrollo, los que han sido impuestos por los organismos financieros internacionales.

Encontramos entonces en la teoría elitista una correspondencia en el papel asignado a los ciudadanos como meros legitimadores de las propuestas de la clase dirigente, la cual es respaldada mediante el voto popular. Entonces, ¿por qué aprobar instrumentos de democracia directa? Sucede que la democracia representativa con el transcurrir del tiempo comenzó a experimentar un declive, producto del desgaste institucional, lo que ocasionó una disminución sustancial en el número de ciudadanos que ejercían el sufragio. El resultado fue la conformación de gobiernos débiles e ilegítimos. Para volver a despertar el interés de los ciudadanos se crea el mito de los mecanismos de consulta popular que permiten escuchar la voz del soberano. No obstante, esto se asemeja a la búsqueda de unicornios, pues únicamente existen en la imaginación, ya que las élites controlan la potestad constitucional de estos procesos. De allí que, aunque se haya requerido el uso de estos instrumentos en varias ocasiones, no se les considerara. Esta situación obedece al temor natural de los gobernantes a su propio pueblo. Por tanto, entre menor sea su participación, mejor lo será para sus gobernantes.

Por otra parte, la principal discordancia entre el modelo elitista propuesto por Schumpeter y la democracia hondureña se encuentra en el hecho de que el modelo teórico establece la competencia de las élites por el voto popular, y que el ganador será el que canalizó el mayor número de votos. Sin embargo, en el modelo hondureño, el principio de que “la democracia significa tan sólo que el pueblo tiene la oportunidad de aceptar o rechazar a los hombres que han de gobernarlo”adquiere otra dimensión,pues en la breve historia democrática hondureña ha sido reiterativo que los rechazados por el pueblo sean quienes nos gobiernen. Por otra parte, las fuerzas políticas opositoras, aunque prediquen un ideario político distinto, están circunscritas a la lógica del planteamiento elitista de democracia. Lo anterior se sustenta en su complicidad en actos que laceran el orden constitucional del país. Esto debido a que aglutinando suficientes recursos políticos, deciden no hacer una oposición férrea en defensa del orden constitucional ya lacerado, limitándose a discursos efusivos orientados a motivar a sus parciales en momentos específicos para la obtención de representatividad en instituciones claves del Estado. Por todo esto, no son más que creadores de ficción, convirtiéndose en actores que ejecutan a la perfección su guion: el de contribuir a domar a la bestia y guiar al rebaño desorientado.

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